En Legalion Abogados nos complace compartir la resolución exitosa de un caso contencioso-administrativo en el que hemos representado los intereses de un ciudadano frente a la actuación municipal concerniente a la retirada de su motocicleta y los gastos subsiguientes impuestos por el depósito municipal. La esencia del caso se centró en el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la obligación de notificar al propietario sobre dicha acción en el marco temporal de 24 horas establecido por ley.

A pesar de la afirmación por parte de la administración de haber efectuado la notificación adecuada, las investigaciones y la sentencia judicial destacaron errores críticos en el proceso, particularmente en lo que respecta a la comunicación con el titular del vehículo. Este fallo evidencia la importancia de seguir estrictamente los procedimientos legales en la administración pública y afirma la necesidad de una notificación oportuna y apropiada como elemento esencial en la validez de las resoluciones administrativas.

El tribunal ha resuelto a favor de nuestro cliente, anulando la resolución impuesta y exonerándolo de los costes relacionados con la retirada y almacenamiento de la motocicleta. Además, ha impuesto las costas procesales al Ayuntamiento, con un tope de 360 euros. Este resultado no solo subraya la diligencia y compromiso de Legalion Abogados hacia la justicia y la defensa de los derechos individuales, sino que también establece un precedente sobre la rigurosidad que deben tener las entidades en el cumplimiento de sus deberes legales. La sentencia puede ser verificada con el código de seguridad correspondiente.

Hace poco, tuvimos la oportunidad de asistir a un cliente en un tema relacionado con el fraccionamiento de una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Dada la magnitud de la deuda, generalmente se permite un fraccionamiento de hasta 3 años. Sin embargo, sabíamos que un plazo tan corto impondría una carga financiera considerable a nuestro cliente.

Por ello, con discreción y respeto hacia las instituciones, iniciamos un diálogo con la TGSS buscando una solución más favorable. Nuestra intención era simple: conseguir que a nuestro cliente se le concediera el máximo plazo legal de fraccionamiento, es decir, 5 años, lo que traduciría en pagos mensuales más asequibles.

Después de varias conversaciones y justificaciones presentadas, logramos que se le reconociera a nuestro cliente el fraccionamiento de la deuda por 5 años. Apreciamos la flexibilidad mostrada por la TGSS y estamos agradecidos por la confianza que nuestro cliente depositó en nosotros. Continuaremos trabajando con dedicación, siempre teniendo en cuenta las necesidades de quienes nos buscan.