En Legalion Abogados, defendemos el derecho de nuestros clientes con la misma firmeza, ya sean trabajadores, consumidores o, como en este caso, propietarios arrendadores que sufren impagos reiterados por parte de sus inquilinos. El presente caso es especialmente relevante porque, a pesar de que la parte demandada alegó situación de vulnerabilidad, el juzgado no suspendió el procedimiento de desahucio y reconoció el derecho del arrendador a recuperar su vivienda y las cantidades adeudadas.

Contexto: impago de rentas y alegación de vulnerabilidad

Nuestro cliente, propietario de una vivienda arrendada, acudió a nosotros después de meses de impagos por parte de su inquilina. La situación era insostenible: no solo se acumulaban varias mensualidades sin abonar, sino que tampoco se ofrecía ninguna solución ni voluntad de pago por parte de la arrendataria. Por tanto, iniciamos un procedimiento judicial de desahucio por falta de pago, con la correspondiente reclamación de cantidad por las rentas debidas, gastos comunes e intereses.

Sin embargo, al recibir la demanda, la parte arrendataria presentó oposición al desahucio alegando situación de vulnerabilidad, con la intención de suspender el procedimiento judicial y evitar el lanzamiento.

¿Qué implica alegar vulnerabilidad en un procedimiento de desahucio?

Desde la pandemia, y con la entrada en vigor de normativas específicas (como los distintos decretos de medidas extraordinarias en materia de vivienda), los juzgados pueden suspender temporalmente un desahucio si el inquilino demuestra estar en una situación de especial vulnerabilidad económica o social. Sin embargo, no basta con alegarlo: es imprescindible acreditar documentalmente dicha situación con informes de los servicios sociales, justificantes de ingresos, cargas familiares, informes médicos, etc. Además, se exige que la situación de vulnerabilidad sea grave, actual y debidamente valorada por las instituciones competentes.

Nuestra posición: proteger al propietario frente a abusos y demoras injustificadas

En Legalion Abogados sostenemos que la protección de personas vulnerables no puede convertirse en una herramienta para bloquear indefinidamente los derechos de los propietarios, sobre todo cuando estos también sufren económicamente por la falta de ingresos derivados del arrendamiento. En este caso, revisamos detenidamente la documentación aportada por la arrendataria y advertimos graves deficiencias:

• Falta de informes oficiales de servicios sociales.
• Ausencia de documentación económica acreditativa de la supuesta situación.
• Ninguna constancia de dependencia, discapacidad, menores a cargo ni otras circunstancias relevantes.
• Intento de acogerse a la suspensión sin demostrar el cumplimiento de los requisitos legales.

Por tanto, solicitamos al juzgado que no procediera a la suspensión del procedimiento, en defensa del derecho legítimo del propietario a recuperar su vivienda y a reclamar las cantidades impagadas.

La resolución: desahucio firme y condena al pago de rentas

El juzgado, tras analizar toda la documentación, rechazó la suspensión del procedimiento solicitada por la arrendataria, entendiendo que no se había acreditado debidamente la situación de vulnerabilidad exigida por la ley. Esta decisión fue clave, ya que permitió continuar con el proceso y evitar una dilación innecesaria de varios meses —o incluso años— como sucede en muchos casos. Finalmente, se dictó sentencia estimando íntegramente nuestras pretensiones, acordando:

• El desahucio de la inquilina, con orden de lanzamiento fijada.
• La condena al pago de las cantidades reclamadas por rentas impagadas, más intereses.
• La imposición de costas a la parte demandada.

Este caso es de especial relevancia porque demuestra que:

1. No basta con alegar vulnerabilidad para frenar un desahucio: hay que acreditarla con rigor.
2. Los jueces valoran el derecho de los arrendadores a proteger su propiedad, frente a abusos o estrategias dilatorias.
3. La vía judicial puede ser eficaz cuando se actúa con rapidez, pruebas sólidas y asesoramiento legal experto.
4. El propietario tiene derecho a recuperar no solo la posesión del inmueble, sino también las cantidades adeudadas.

¿Qué ocurre tras el desahucio?

Una vez dictada sentencia y ejecutado el lanzamiento, el propietario puede:

• Recuperar la posesión del inmueble.
• Alquilarlo de nuevo en condiciones seguras.
• Reclamar judicialmente cualquier nueva deuda pendiente, si la condena no se cumple voluntariamente.

En este caso, nuestro equipo continúa supervisando la ejecución de la sentencia y la gestión del cobro, para que nuestro cliente reciba lo que le corresponde.

¿Eres propietario y estás sufriendo impagos?

En Legalion Abogados te ayudamos a:

• Iniciar un procedimiento de desahucio rápido y efectivo.
• Reclamar las cantidades debidas con intereses.
• Valorar la posible existencia de causas de vulnerabilidad reales o simuladas.
• Proteger tu propiedad y tus ingresos, con el respaldo de abogados especialistas en derecho inmobiliario y arrendamientos urbanos.

Este caso demuestra que, con la defensa adecuada, es posible frenar los abusos que algunos inquilinos intentan justificar bajo la apariencia de vulnerabilidad, y que los juzgados sí protegen al arrendador cuando se demuestra que la situación alegada no cumple con los requisitos legales. Gracias a nuestra intervención, el propietario ha recuperado su vivienda, podrá alquilarla de nuevo sin arrastrar una deuda acumulada, y ha sentado un precedente que muestra que la ley no ampara las falsas alegaciones de vulnerabilidad sin pruebas.
En Legalion Abogados estamos para defender tus derechos, proteger tu patrimonio y garantizar que se haga justicia.